TIMBA FINANCIERA POLICIAL Suman a 22 personas imputadas en esta causa.-

El delito que manchó la historia de la Policía provincial por alcanzar a miembros de la cúpula entre los estafadores monetarios. Este escándalo es parte del historial de corrupción del 2022.El balance de gestión pública bajo la Gobernación actual, cierra con el proceso judicial sobre los implicados -29 imputados- por la falsa financiera que operaba en Salta y que estafó a más de 700 personas, en su mayoría, personal policial de menor jerarquía.

La fiscal interviniente insisitirá en su reclamo para que se revoque la decisión judicial de beneficiar con prisión domiciliaria a quince de los involucrados.

La titular de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio inició la ampliación de imputaciones en las que se ratifica el delito de asociación ilícita por más de 700  estafas, para 22 de los 29 involucrados en la causa de la financiera ilegal Ríos y Asociados.  Se suma además, un nuevo imputado que reviste en la fuerza policial, a quien se lo imputará por asociación ilícita y abuso de autoridad.

En la audiencia del lunes,  Cinthia Moya, Florencia Laguna y Macarena Párraga, quienes tuvieron un papel significativo en la estafa y comparten el mismo abogado defensor Luis Díaz Zabalaga, se abstuvieron de declarar. Las 19 personas restantes, serán citadas en el transcurso de la semana.

Reclamo

Por su parte, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio manifestó su intención de dar continuidad en instancias superiores el reclamo correspondiente a la decisión del juez Pablo Arancibia, de la Sala 2 del Tribunal de impugnación, de otorgar la libertad domiciliaria a 15 involucrados en la causa de la financiera ilegal Ríos & Asociados, considerando que no se realizó una adecuada valoración de la situación actual de los encausados, representando un serio riesgo procesal para la causa.

Destacó que el beneficio, fue tomado sin tener en cuenta la gravedad del delito imputado, ni los riesgos procesales que podrían traer aparejados la libertad, no solo de Alejandra Macarena Párraga y Cynthia Elizabeth Moya, organizadoras de la falsa financiera, sino también del resto de los imputados. 

Cabe destacar, además, que los abogados patrocinantes de las víctimas de estafa, se encuentran solicitando que se les revoque la prisión domiciliaria a las personas que fueron beneficiadas con dicha medida.

La causa

La financiera ilegal, conocida con el nombre “Ríos & Asociados”, comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. La modalidad de operatoria empleada fue la conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.

El 25 de marzo pasado se realizaron los primeros allanamientos y detenciones vinculadas a la causa y, desde entonces, se realizaron numerosos operativos en búsqueda del dinero faltante.

De la investigación de la UDEC, testimonios brindados por damnificados, testigos de identidad reservada y otros detenidos, se estableció que la organizadora de la actividad era Cinthya Moya, secundada por algunos civiles y miembros de la Policía de la Provincia de Salta, quienes actuaban como captadores.

Del total de 29 imputados, 14 de ellos son miembros de la Policía de Salta, entre los que se encuentran el jefe de la Brigada de Investigaciones, la jefa de la División Cobranzas Policías Adicional, personal de investigación y la jefa de la Unidad Regional 3, quien habría empleado un móvil de la Institución para evadir los controles policiales, haciendo uso de sus atribuciones, y trasladar así, el dinero que Moya había retirado de la financiera, tras enterarse que se habían dispuestos los allanamientos.

En la causa, fueron secuestrados 26 vehículos, más de 4000 mil contratos, 26 millones de pesos en efectivo y 60 mil dólares.

Pese a ser un escándalo, no es por el momento, la única mancha institucional en l esfera del actual gobierno ejercido por Gustavo Sáenz, mediante el Ministerio de Seguridad y Justicia, pronto a cambiar de nombres pero siempre manteniendo los espacios que sirvieron y sirven para el manejo exprofeso de fondos públicos o como en este caso, la desvirtuación del patrimonio a través de funcionarios locales.

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