La tierra para los que luchan: Salta y los desalojos

Salta en cuanto a la administración de tierras, aguas y minería, tiene desde de toda su historia local, a una misma clase, a los mismos apellidos, en los mismos puestos de decisión.
La oligaqruía como toda élite, reducida pero poderosa, impide que las gestiones políticas logren quebrantar el enquistamiento del que se valen para acrecentar sus patrimonios a través de los planes de viviendas, las políticas de hábitats y los procesos licitatorios; de tal suerte que el pobre, el sujeto de derecho para el estado de bienestar no tiene chances de llegar a su vivienda digna.

No es casual que una proclama emblemática sobre este planteo naciera en Salta como uno de los tesoros folclóricos bajo el título de “Cuando Tenga la Tierra”. En la previa a las dictaduras  latinoamericanas que llegaron con el plan Cóndor, la noche y niebla del terrorismo de Estado.

Diputado nacional impidió el desalojo nocturno de familias en Parque La Vega

Por ello, nombrar lo sucedido en el loteo Parque La Vega, durante un desalojo arbitrario, en medio de la noche, no constituye un hecho novedoso, puesto que se repite a lo largo de la historia  salteña, igual reclamo, desde los mismos actores y levanta pretendidas posturas ofendidas del conservadurismo, alegando siempre la victimización a los pobres poderosos mansillados en la  propiedad privada.

Salvo por un dato particular; la intervención por primera vez de un legislador nacional que presenció la intentona de la Justicia por castigar y erradicar a los reclamantes. Fue en la madrugada del  21 de mayo cuando informado sobre lo que sucedía, Juan Emilio Ameri, un trabajador, dirigente político y actual Diputado de la Nación por el Frente de Todos, llegó junto a un abogado, Víctor  Sarmiento, para evitar que en el enfrentamiento entre las partes, el desmadre lo convirtiera en un agravante -para quienes no tienen vivienda- y en la tragedia del momento.
En este contexto, consta en el acta labrada para la ocasión, participaron funcionarios judiciales.

Un debate popular pendiente

Visto lo sucedido, tampoco genera sorpresa el histrionismo de un hijo de la oligarquía como Guillermo Durand Cornejo, el peón de la élite, ahora en la senaduría provincial; quien en su declamación hiciera de los vulnerados, los pretendidos opresores de los ricos. No es una contradicción, sino una mentira urdida por el poder para evitar que el popular reclame lo que por derecho le corresponde; la tierra, como herramienta para la producción del propio sustento y no como meros bienes de atesoramiento – lo hecho eternamente por los conservadores- de allí que esa sórdida actuación en el recinto legislativo, traiga de nuevo al debate pendiente, el manejo de las tierras, la propiedad y las políticas habitacionales de la provincia con respecto al ciudadano sin posibilidad crediticia, ni acceso al trabajo, ni a ninguna forma posible de edificación que no sea las ya desesperantes y conocidas; realidades que aquejan a los seres de la periferia; pobres y pueblos originarios.

En la defensa permanente de privilegios de clase, Durand Cornejo aún cree que sus exposiciones parlamentarias obedecen a aquel viejo adagio latino “Roma Locuta Causa Finita” y de hecho aunque ni siquiera es uno de los lobeznos, tampoco es su palabra determinante de una situación irresuelta que debe abrir debate y consulta popular, sobre el particular para hallar por todos los medios democráticamente disponibles, a la causa de personas en situación de calle, sin acceso a una vivienda, ni trabajo registrado y por ende a ningún otro servicio público como responsabilidad absoluta del Estado y de las administraciones políticas que asumen el manejo de los recursos públicos.

El Pueblo le responde a la élite

Celebra este medio, la inmediata respuesta a lo sucedido en el parlamento local, por parte de la vecina RAQUEL ADET  -DNI. 13.347.506 quien dirigiéndose a la banca oligarca, dijo: ” Por este medio deseo referirme al espectáculo protagonizado en el recinto del Senado por el legislador Guillermo Durand Cornejo cuando allí se trataba el tema de las familias sin techo que  tomaron terrenos en el loteo Parque la Vega.

Ante el drama de esas familias, las más pobres y desprotegidas, que por el abandono del Estado apelan al último recurso de tomar un terreno para  conseguir un lugar donde vivir, el senador reclamó a los gritos la represión y se enfureció porque la policía no cumplió con la triste misión de apalear a los que nada tienen. “¿Cuál es la diferencia entre los boys-scouts y los policías de la Provincia?”,  vociferó el senador, dejando bien en claro que para él, la gravísima crisis habitacional de la provincia es un problema que se resuelve a palos.
Qué lamentable muestra de brutalidad e ineptitud.

El senador invocó a la sacrosanta propiedad privada y catalogó a los ocupas como delincuentes. “En nuestro país existe la propiedad privada”,
dijo. Pero nada dijo del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución Nacional que ningún gobierno ha respetado ni garantizado.

En Salta hay un déficit habitacional de 72.000  viviendas, no hay acceso al crédito, hay pocos terrenos y esos pocos son muy caros a causa de la especulación inmobiliaria. Acceder a un lote es prácticamente imposible para los sectores  carenciados de la población, hundidos en la catástrofe social que dejó el macrismo, que el senador tan brillantemente representa.

A esto se suma la crisis provocada por la  pandemia que ha  dejado a miles  de personas sin trabajo y sin poder pagar un alquiler, que se están quedando en la calle. Es lo que pasó con la familia desalojada el 14 de mayo de un terreno que había ocupado en barrio Los Paraísos (Cerrillos). El padre es un albañil que no pudo trabajar por la paralización de actividades provocada por la cuarentena, no pudo pagar el alquiler de la pieza donde vivía con sus cuatro hijos y fue expulsado por la dueña. Es lo que pasó también con Martín Osorio, un trabajador informal padre de cinco hijos que el 27 de abril fue desalojado de un terreno que había tomado en  barrio Ceferino,  y es lo que pasó con muchas de las familias desalojadas por la policía en barrio Justicia (sudeste de la ciudad) el 16 de mayo.

Ahora son ciento treinta las familias asentadas en Parque la Vega, hay en ellas muchos niños pequeños y la mayoría son mujeres. Familias que fueron echadas a la calle a pesar del decreto presidencial  Nro. 320, del  29 de marzo, que prohíbe los desalojos por falta de pago de alquileres por seis meses. Ese decreto presidencial no se está cumpliendo y a nadie le importa. Y menos que menos al senador.

Pero además el senador, devoto de la propiedad privada, es un hipócrita o un incoherente. Porque si el que la viola es un socio político suyo, como por ejemplo el rico y poderoso senador Romero, que se quedó orondamente con las 90 hectáreas de La Ciénaga, no se indigna, no dice nada y, por supuesto, no se le ocurre llamar a la policía. Pero si un pobre que no tiene donde caerse muerto ocupa una parcela de tierra se mesa los cabellos, se rasga las vestiduras y pide palos, palos y más palos.”

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